Empresarios magallánicos exigen mantener subsidios clave para la región

El empresariado de Magallanes salió a marcar la cancha. Desde la Confederación de la Producción y del Comercio regional advirtieron que cualquier ajuste en las políticas nacionales debe contemplar la realidad específica del extremo sur de Chile, donde el aislamiento geográfico no es una metáfora sino una condición estructural que encarece cada aspecto de la vida cotidiana.

El reclamo central apunta a dos pilares que sostienen la economía magallánica: el subsidio al gas y el subsidio al cabotaje. El primero permite que las familias de Punta Arenas, Puerto Natales y las localidades rurales de la región puedan calefaccionarse durante inviernos que estiran la noche hasta dieciocho horas. El segundo abarata el transporte marítimo de mercaderías, único cordón logístico que conecta a Magallanes con el resto de Chile cuando las rutas terrestres —que pasan por territorio argentino— se complican.

La CPC también pidió medidas específicas para el transporte de carga, un eslabón crítico en una región donde todo llega desde lejos y el costo logístico se traslada directamente al precio final. Para los magallánicos, un litro de leche, un kilo de cemento o un repuesto industrial cuestan significativamente más que en Santiago, y cualquier sobrerreacción económica a nivel central puede amplificar esa brecha.

Desde la mirada binacional que propone GLOBALpatagonia, el planteo magallánico resuena con demandas similares del lado argentino. Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut enfrentan desafíos logísticos comparables: distancias enormes, infraestructura limitada, dependencia de subsidios para mantener la competitividad. La Patagonia, a ambos lados de la cordillera, comparte una paradoja: produce energía para sus respectivos países pero necesita apoyo estatal para que sus propios habitantes puedan vivir dignamente. El llamado de los empresarios de Magallanes es, en el fondo, un recordatorio de que gobernar el sur requiere entender el sur.