Bariloche refuerza su flota contra incendios con compra de emergencia
El municipio adquiere vehículos mediante leasing invocando la emergencia ígnea. La medida llega en un contexto de temporadas de fuego cada vez más agresivas en la cordillera rionegrina y pone sobre la mesa la pregunta de fondo: ¿alcanza con más camionetas o falta una política integral de prevención?
La intendencia de San Carlos de Bariloche avanza con la compra de vehículos a través de un esquema de leasing, amparada en la declaración de emergencia ígnea que rige en el ejido. La decisión del intendente Walter Cortés apunta a dotar de mayor capacidad operativa a los equipos que deben responder ante focos de incendio en una ciudad rodeada de bosque nativo y expuesta, temporada tras temporada, a episodios cada vez más severos.
La emergencia ígnea no es una novedad en la zona andina de Río Negro. Bariloche y El Bolsón cargan con el recuerdo todavía fresco de los megaincendios que arrasaron miles de hectáreas de bosque patagónico en las últimas décadas: desde el desastre de 2021 en Lago Martin y Cuesta del Ternero hasta los focos recurrentes en la zona de Cerro Otto, Catedral y el Parque Nacional Nahuel Huapi. La interfaz urbano-forestal de Bariloche —donde barrios enteros colindan con vegetación inflamable— es una de las más críticas de toda la Patagonia y figura en los informes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego como zona de riesgo alto durante la temporada estival.
El mecanismo elegido, el leasing, permite al municipio acceder a unidades sin desembolsar el costo total de compra de manera inmediata, algo habitual en gobiernos locales con presupuestos ajustados. Pero la pregunta de fondo excede a la forma de financiamiento. Organizaciones ambientales y brigadistas voluntarios vienen reclamando hace años que la inversión no se limite a la respuesta reactiva —más camionetas, más autobombas— sino que priorice la prevención: cortafuegos actualizados, limpieza de sotobosque, control estricto de urbanización en zonas de riesgo y campañas de concientización que funcionen antes de que el primer foco se encienda.
Desde el otro lado de la cordillera, la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf) viene implementando planes de manejo del combustible vegetal en zonas de interfaz similares en la Región de los Lagos. La experiencia binacional podría aportar lecciones valiosas si existiera una instancia de coordinación formal entre municipios patagónicos de ambos países, algo que por ahora sigue siendo más deseo que realidad.
La compra de vehículos es una señal de que la emergencia se toma en serio en lo inmediato. Queda pendiente, sin embargo, el debate más profundo: cómo se financia una política de prevención de incendios forestales sostenida en el tiempo, que no dependa de declaraciones de emergencia sino de planificación anual con presupuesto garantizado. Mientras la Patagonia andina se seca y las temporadas de fuego se alargan por efecto del cambio climático, cada temporada sin ese plan integral es una apuesta al azar.


