Ley de glaciares en riesgo: la reforma que puede redefinir el agua patagónica

La ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010, vuelve al centro de la escena política argentina. La reforma impulsada desde sectores ligados a la minería busca flexibilizar las restricciones vigentes, con el argumento de otorgar "seguridad jurídica" a las provincias y a las empresas extractivas. Para la Patagonia, que alberga los campos de hielo continental sur compartidos con Chile y miles de glaciares inventariados por el IANIGLA, lo que se discute no es una abstracción legislativa: es el futuro del agua.

Desde posiciones encontradas, el diputado Maximiliano Ferraro calificó la reforma como "regresiva e innecesaria" y anticipó su judicialización, mientras que la diputada Fernanda Ávila —exministra de Minería de Catamarca— sostiene que el cambio normativo permitirá estudios provinciales más profundos sin desproteger el recurso hídrico. Sin embargo, para quienes habitan la Patagonia el problema es otro: la ley actual fue concebida justamente para frenar la presión extractiva sobre ecosistemas frágiles de alta montaña. Debilitarla equivale a abrir la puerta a intervenciones en zonas que alimentan cuencas enteras, desde el río Santa Cruz hasta los lagos del corredor andino.

El debate tiene además una dimensión binacional que rara vez se menciona en Buenos Aires. Los campos de hielo patagónico sur son compartidos con Chile, y cualquier alteración en la regulación argentina sobre ambientes glaciares y periglaciares repercute sobre un sistema hídrico transfronterizo. Chile mantiene su propia normativa de protección de glaciares, actualmente en revisión legislativa, y los organismos científicos de ambos países —IANIGLA y la Dirección General de Aguas chilena— comparten datos del inventario glaciar. Modificar los estándares de un lado de la cordillera sin coordinación con el otro es, como mínimo, un riesgo geopolítico y ambiental.

El antecedente más relevante es el de Pascua-Lama, el proyecto binacional de Barrick Gold frenado en ambos países por su impacto sobre glaciares en la frontera sanjuanina-atacameña. Aquella experiencia demostró que la protección de los hielos no es un capricho ambientalista sino una necesidad estratégica para garantizar el abastecimiento hídrico de comunidades, productores y ecosistemas. La Patagonia, con el 70% de los glaciares argentinos, sería la región más expuesta ante una flexibilización.

Lo que está en juego es claro: si la reforma avanza sin salvaguardas robustas, se abre un precedente que podría habilitar actividades extractivas en zonas hasta hoy protegidas. Desde GLOBALpatagonia seguiremos este proceso legislativo con la atención que merece. El agua que nace en nuestros glaciares no es un insumo negociable: es el principio de todo.