Glaciares bajo presión: protestas, detenciones y 67 mil firmas contra la reforma

La reforma a la Ley de Glaciares que impulsan el Gobierno nacional y varias provincias cordilleranas encendió una alarma que ya no se apaga. Este miércoles, activistas de Greenpeace protagonizaron una acción directa frente al Congreso de la Nación: colgaron banderas de gran tamaño en las que pedían a los diputados que "no traicionen a los argentinos". Un operativo policial intervino para retirar los mensajes instalados en un monumento y el episodio terminó con detenidos.

En paralelo, una petición lanzada en la plataforma Change.org acumuló más de 67 mil firmas de ciudadanos que rechazan las modificaciones al marco legal vigente. La documentación fue recibida por un grupo de diputados nacionales de distintos bloques, entre ellos Mariela Coletta, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Maximiliano Ferraro y Pablo Farías, quienes se comprometieron a analizar el reclamo.

Desde la izquierda parlamentaria también se sumaron voces. Referentes del Frente de Izquierda convocaron a una movilización desde las 13 horas frente al Congreso, en lo que se perfila como una jornada de tensión sostenida en torno al futuro de los recursos hídricos estratégicos del país.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. Su reforma es resistida por organizaciones ambientales, científicas y sociales que advierten que una flexibilización abriría la puerta a la actividad minera y petrolera en zonas hoy protegidas.

Para la Patagonia, la discusión no es abstracta. Los campos de hielo patagónico —sur y norte— constituyen la tercera reserva de agua dulce del planeta. Del lado argentino, glaciares como el Perito Moreno, el Upsala y el Viedma alimentan cuencas que sostienen ecosistemas, producción agropecuaria y comunidades enteras. Del lado chileno, la situación es análoga: los glaciares de la Región de Aysén y Magallanes enfrentan presiones similares y cualquier modificación en la legislación argentina tiene potencial efecto espejo sobre el debate trasandino.

El conflicto pone en tensión dos lógicas: la de las provincias productoras que buscan mayor autonomía sobre sus recursos naturales y la de quienes sostienen que el agua congelada es un bien común que trasciende fronteras provinciales y nacionales.

Mientras los bloques legislativos negocian el temario de las próximas sesiones, la calle ya tomó posición. La pregunta que sobrevuela es si el Congreso avanzará con el tratamiento exprés o si la presión social logrará frenar —o al menos condicionar— la reforma. Para la Patagonia binacional, lo que se decida en Buenos Aires sobre los glaciares no es política lejana: es el destino del agua que define su presente y su futuro.