Ley de Glaciares: la reforma que puede redefinir la Patagonia divide aguas en el Congreso

La reforma a la Ley de Glaciares aprobada en Diputados abrió una grieta profunda en la representación patagónica y puso sobre la mesa una discusión que excede las bancas: quién decide sobre el agua congelada que alimenta ríos, lagos y acuíferos desde la cordillera hasta la estepa.

El diputado nacional por Santa Cruz Jairo Guzmán salió a defender la iniciativa con un argumento que resuena en varias gobernaciones del sur: la ley vigente, sostuvo, frenó inversiones y limitó la autonomía de las provincias para gestionar sus recursos. Según el legislador, el nuevo marco regulatorio busca incentivar al sector privado en territorios que necesitan dinamizar sus economías. Sobre las audiencias públicas previas, Guzmán descalificó a quienes se opusieron calificándolos de "agresivos" y aseguró que "no presentaron argumentos sólidos".

Desde la vereda opuesta, la diputada Moira Lanesan rechazó las modificaciones con una lectura territorial dura: los gobernadores, dijo, aceptan estas reformas porque "agarran las cajas del mes como locos" sin poder cubrir sueldos básicos. Advirtió que el supuesto beneficio en empleo es "para unos pocos, no para un país entero" y que la decisión hipoteca el futuro ambiental de la Patagonia sin una visión federal genuina.

Lo que está en juego no es menor. La Ley de Glaciares original, sancionada en 2010, estableció los ambientes glaciares y periglaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Su modificación podría habilitar actividades extractivas en zonas que hoy funcionan como buffer de protección para las cuencas que abastecen a comunidades de ambos lados de la cordillera. Para Chile, donde la legislación de protección glaciar tiene sus propias tensiones, cualquier cambio en la vertiente argentina impacta sobre recursos hídricos compartidos.

En la Patagonia, los glaciares no son una postal: son el seguro de agua para las próximas décadas. Los campos de hielo continentales, las lenguas glaciares que alimentan el lago Argentino, el Nahuel Huapi, el sistema del río Santa Cruz y decenas de cuencas menores dependen de un equilibrio que el cambio climático ya está tensionando. Modificar el marco de protección en ese contexto exige, como mínimo, un debate con datos científicos sobre la mesa y participación real de las comunidades que viven aguas abajo.

El Senado deberá ahora tratar el proyecto, y es allí donde las provincias patagónicas tienen peso propio. Queda por verse si los senadores del sur priorizan la caja inmediata o la reserva hídrica que define la viabilidad de la región a largo plazo. Lo que no debería quedar en duda es que esta discusión le pertenece, antes que a nadie, a la Patagonia.