Ley de Glaciares en riesgo: desde Santa Cruz advierten que la reforma sacrifica agua por minería

La reforma a la Ley de Glaciares que impulsa el oficialismo nacional encontró una voz de resistencia concreta en la Patagonia. La diputada Moira Lanesan, representante por Santa Cruz —la provincia que alberga el Campo de Hielo Patagónico Sur y decenas de glaciares emblemáticos como el Perito Moreno—, rechazó de plano los cambios propuestos y advirtió que detrás del argumento de generación de empleo se esconde un beneficio concentrado en pocas manos.

Lanesan fue directa: «No estamos pensando en un país federal sino en lo inmediato». Su lectura apunta a que los gobernadores patagónicos, acuciados por la falta de recursos para cubrir sueldos, terminan aceptando condiciones que comprometen los bienes naturales estratégicos de la región. «Agarran las cajas del mes como locos porque no pueden pagar los sueldos, y es algo que vamos a terminar pagando todos los argentinos», señaló.

El cuestionamiento tiene un anclaje territorial que no se puede soslayar. Santa Cruz concentra la mayor superficie glaciar de la Argentina continental. Los glaciares no son postales turísticas: son reservorios de agua dulce que alimentan cuencas enteras, desde el Lago Argentino hasta sistemas hídricos que cruzan hacia Chile. Cualquier flexibilización en la normativa que los protege tiene impacto directo sobre un recurso que, en el contexto del cambio climático, se vuelve cada vez más escaso y disputado a nivel global.

La legisladora también desmontó el argumento central del oficialismo sobre la creación de puestos de trabajo. «Es para unos pocos, no para un país entero», afirmó, sugiriendo que la apertura a la actividad extractiva en zonas periglaciales y de permafrost beneficiaría a corporaciones mineras sin derrame significativo para las comunidades locales.

Desde GLOBALpatagonia venimos siguiendo este debate con atención. La Ley 26.639, sancionada en 2010, estableció presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial en todo el territorio argentino. Su inventario, a cargo del IANIGLA-CONICET, identificó más de 16.000 cuerpos de hielo en el país, la inmensa mayoría en la franja andina patagónica. Modificar esa norma sin un debate profundo con las provincias que efectivamente conviven con esos ecosistemas es legislar de espaldas al territorio.

El tema también tiene dimensión binacional. Los campos de hielo son compartidos con Chile, donde la discusión sobre protección glaciar lleva años de tensiones similares entre desarrollo minero y conservación. Lo que se decida en el Congreso argentino repercute en una frontera de agua y hielo que no entiende de límites políticos.

Lo que viene: el proyecto aún debe superar instancias legislativas, y desde varias provincias patagónicas se anticipan pronunciamientos. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿puede un país legislar sobre sus glaciares sin escuchar a quienes viven a sus pies?