La ley de glaciares avanza en el Congreso y redefine la protección del agua patagónica

El Congreso argentino dio un paso clave con la aprobación en Diputados de una nueva ley de glaciares que actualiza el marco normativo vigente desde 2010. La norma, que ahora pasará al Senado para su tratamiento, establece nuevos parámetros para el inventario de glaciares y el ambiente periglaciar, y redefine los alcances de las actividades permitidas en zonas de influencia directa.

Para la Patagonia, esta discusión no es abstracta. Los campos de hielo Norte y Sur —compartidos entre Argentina y Chile— constituyen la tercera reserva de agua dulce del planeta. Desde el Perito Moreno hasta los glaciares de Tierra del Fuego, pasando por las cuencas que alimentan ríos como el Santa Cruz, el Baker y el Pascua, cualquier modificación en el régimen de protección tiene consecuencias concretas sobre millones de personas y ecosistemas enteros.

El debate legislativo se da en un contexto donde la presión sobre los recursos hídricos aumenta año a año. La minería a gran escala, los proyectos hidroeléctricos y el avance de la frontera productiva conviven con un retroceso glaciar acelerado por el cambio climático. Según datos del IANIGLA, varios glaciares patagónicos han perdido superficie de manera sostenida en las últimas dos décadas.

Desde la perspectiva regional, el punto más sensible es cómo se define el ambiente periglaciar —la zona de permafrost y suelos congelados que rodea a los glaciares— y qué actividades económicas quedan habilitadas o restringidas en esas áreas. La ley original de 2010 fue resistida por provincias mineras y su aplicación efectiva fue lenta, con un inventario nacional que tardó años en completarse.

La dimensión binacional del asunto es ineludible. Chile cuenta con su propia legislación de protección glaciar, pero las dinámicas del hielo no responden a fronteras políticas. Los campos de hielo compartidos requieren, en la práctica, una gestión coordinada que hasta ahora ha sido más declarativa que operativa. Cada modificación normativa en uno de los dos países impacta en la ecuación hídrica del otro.

El Senado deberá ahora definir si aprueba el texto tal como llegó de Diputados o introduce modificaciones. Para las comunidades patagónicas que dependen del agua glaciar —desde pequeños productores hasta ciudades enteras—, lo que se resuelva en las próximas semanas no es política nacional: es la definición del futuro de su territorio.

GLOBALpatagonia seguirá de cerca el tratamiento en el Senado y el impacto territorial de cada artículo en debate.