Santa Cruz prohíbe minería en zonas glaciares y reafirma su política ambiental
La provincia patagónica descartó formalmente proyectos extractivos en áreas de glaciares y ambiente periglacial. La decisión consolida una línea de protección que contrasta con el avance minero en otras jurisdicciones argentinas.
El gobierno de Santa Cruz confirmó que no habilitará proyectos mineros en zonas donde existan glaciares o ambiente periglacial, en una medida que refuerza el compromiso ambiental de la provincia con sus reservas de agua dulce más estratégicas.
La decisión no es menor en el contexto actual. Mientras varias provincias argentinas flexibilizan regulaciones para atraer inversiones extractivas —Salta, por ejemplo, avanza con el proyecto Diablillos con amplia participación ciudadana—, Santa Cruz elige trazar una línea clara: los glaciares no se tocan.
La Patagonia austral concentra algunos de los campos de hielo más extensos del hemisferio sur fuera de la Antártida. El Hielo Continental Patagónico, compartido con Chile, alimenta ríos, lagos y ecosistemas enteros que dependen de ese aporte hídrico. Cualquier actividad extractiva en zonas aledañas a glaciares implica riesgos de contaminación de acuíferos, alteración del permafrost y aceleración del retroceso glaciar, un fenómeno que ya avanza por efecto del cambio climático.
La medida se enmarca en la Ley Nacional de Glaciares (26.639), que establece presupuestos mínimos para la protección de estas formaciones y su entorno periglacial. Sin embargo, la aplicación efectiva de esa norma ha sido desigual en las provincias cordilleranas. Santa Cruz opta por ir más allá del cumplimiento formal y convertir la protección glaciar en una política de Estado explícita.
Desde la perspectiva binacional, la señal es relevante. Chile también enfrenta tensiones entre desarrollo minero y protección de glaciares, especialmente en su zona central y en la región de Aysén. Las decisiones que tomen las provincias y regiones patagónicas sobre sus hielos tienen impacto directo sobre cuencas compartidas y sobre la credibilidad de ambos países en foros ambientales internacionales.
Para las comunidades santacruceñas, la medida ofrece una certeza concreta: localidades como El Chaltén, El Calafate y las zonas rurales que dependen del turismo de naturaleza y de la ganadería extensiva no verán comprometidas sus fuentes de agua por emprendimientos mineros.
El desafío que queda por delante es sostener esta política frente a las presiones económicas. Santa Cruz tiene una matriz productiva históricamente ligada a los hidrocarburos y la pesca, y la tentación de sumar la minería metalífera como fuente de regalías siempre está presente. Que la provincia elija proteger sus glaciares hoy es una apuesta por el largo plazo, por el agua como recurso estratégico y por un modelo de desarrollo que no sacrifique lo irreemplazable.