Río Turbio advierte severo impacto tarifario por reforma de zona fría

La Patagonia vuelve a encender una alarma que la recorre de punta a punta: el costo de calefaccionar los hogares en el extremo sur. La concejal de Río Turbio, Abigail Mazú, advirtió que la reforma de la zona fría tendrá un severo impacto tarifario y apuntó contra la discrecionalidad del Gobierno nacional a la hora de definir quiénes quedan alcanzados por el beneficio.

La localidad santacruceña, ubicada en plena cuenca carbonífera, es uno de los puntos más fríos del país y su economía gira en gran medida alrededor de la actividad minera y del consumo interno. Cualquier modificación en el esquema de subsidios al gas golpea directamente el bolsillo de las familias y también las cuentas de los comercios, que arrastran años de costos en alza.

El tema no es nuevo. El régimen de zona fría es históricamente un instrumento que reconoce el sobrecosto que enfrentan los habitantes del sur para acceder a un servicio básico y, a la vez, sostener la residencia en territorios de baja densidad. Lo que cambió ahora es la letra chica: la normativa redefine criterios y abre el interrogante de cuántos hogares patagónicos seguirán cubiertos.

Desde la Patagonia argentina, la discusión se da mirando de reojo lo que ocurre del otro lado de la cordillera. En Chile, las comunas de Aysén y Magallanes también arrastran reclamos tarifarios y de conectividad que se expresan con fuerza en instancias como la Comisión de Zonas Extremas. El sobrecosto del fin del mundo es una realidad que no entiende de fronteras políticas.

La reforma se produce además en un contexto de escalada del precio internacional del petróleo, que supera los US$100 por barril, y de ajustes consecutivos en los surtidores. Cada movimiento del mercado global se traduce en la góndola de combustibles y, por efecto dominó, en el costo del transporte, la logística y la producción regional.

Para Río Turbio, el impacto no es abstracto. La ciudad depende fuertemente del empleo público y de la mina, y cualquier incremento fuerte en las facturas de gas puede desestabilizar economías familiares que ya operan al límite. La advertencia de Mazú apunta justamente a eso: a que la decisión técnica no ignore el territorio.

Lo que viene es clave. Si el nuevo esquema deja afuera a sectores que antes estaban cubiertos, el reclamo patagónico podría escalar hacia los gobiernos provinciales y hacia el Congreso, donde ya existen proyectos que buscan blindar el beneficio. La pregunta de fondo, una vez más, es la misma que recorre la región desde hace décadas: ¿cuánto más puede sostener el extremo sur sin que sus habitantes paguen la cuenta?