Reforma a la Ley de Glaciares: alertan por retroceso ambiental y ola de amparos judiciales
Legisladores de distintos bloques cuestionan la celeridad con la que se modificó la norma que protege los cuerpos de hielo y el ambiente periglaciar. Advierten que la reforma favorece la megaminería y pone en riesgo el agua como recurso estratégico en toda la Patagonia.
La reciente reforma a la Ley de Glaciares encendió todas las alarmas en la Patagonia, una región donde los cuerpos de hielo no son una abstracción legislativa sino la fuente concreta del agua que alimenta ríos, lagos y acuíferos de los que dependen comunidades enteras a ambos lados de la cordillera.
El diputado nacional Juan Carlos Molina fue categórico al calificar la nueva normativa como "una ley de megaminería, no de glaciares". Según el legislador, el trámite parlamentario estuvo marcado por una urgencia inusual que respondió más al lobby del sector minero que a un debate serio sobre la protección de los ecosistemas de alta montaña. "Es una ley del apuro", sostuvo, y anticipó que la judicialización será inmediata: "Habrá una catarata de amparos en todo el país" que, paradójicamente, terminará frenando los mismos proyectos extractivos que la reforma pretendía destrabar.
En la misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro —de la Coalición Cívica ARI— fue más lejos al definir la modificación como "inconstitucional y regresiva". Para Ferraro, lo que está en juego trasciende la política minera: "Es el agua como derecho humano y como recurso estratégico". El legislador subrayó que la ley anterior no impedía el desarrollo ni la actividad minera responsable, e instó a organizaciones sociales y ambientalistas a sumarse a la demanda colectiva que ya se está articulando.
Desde GLOBALpatagonia lo planteamos con claridad: los glaciares patagónicos —tanto en territorio argentino como chileno— constituyen la mayor reserva de agua dulce del hemisferio sur fuera de la Antártida. Cualquier modificación al marco legal que los protege tiene impacto directo sobre las cuencas hídricas compartidas, los ecosistemas de estepa y bosque andino, y la vida cotidiana de miles de personas que habitan desde Neuquén hasta Santa Cruz.
El inventario nacional de glaciares, una de las herramientas centrales de la ley original sancionada en 2010, había identificado más de 16.000 cuerpos de hielo en todo el país, la inmensa mayoría en la Patagonia. La preocupación es que la reforma flexibilice los criterios de zona de amortiguamiento periglaciar, habilitando actividades extractivas en áreas que hasta ahora funcionaban como buffer de protección.
Lo que viene es un escenario de judicialización extendida. Varias provincias patagónicas ya tienen antecedentes de conflictos entre minería y protección glaciar —San Juan fue el caso emblemático, pero Chubut y Santa Cruz conocen de cerca esa tensión—. Las organizaciones ambientalistas preparan presentaciones ante la Justicia federal, y no se descarta que la Corte Suprema deba intervenir.
En una Patagonia donde el agua define todo —producción, turismo, energía, vida—, esta reforma no es un tema más. Es, tal vez, la discusión territorial más importante del año.