AFARTE defiende el régimen fueguino: es geopolítica, no solo economía
La directora de la cámara de electrónica salió al cruce del Banco Mundial y sostuvo que el régimen de Tierra del Fuego responde a una lógica de soberanía territorial.
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego volvió a estar en el centro del debate nacional, y desde el sector empresario respondieron con un argumento que en la Patagonia resuena con fuerza: no se trata solo de números, sino de presencia territorial en el extremo sur del continente.
Ana Vainman, directora de AFARTE —la cámara que agrupa a fabricantes de electrónica radicados en la isla—, cuestionó un reciente informe del Banco Mundial que criticaba el régimen por sus costos fiscales. Según Vainman, el análisis adolece de inexactitudes y, sobre todo, omite la dimensión geopolítica que justificó la creación del régimen en 1972.
El argumento es conocido pero no por eso menos vigente: Tierra del Fuego es la puerta de entrada a la Antártida, comparte frontera con Chile en una zona de alta sensibilidad estratégica y proyecta soberanía sobre el Atlántico Sur. Sin incentivos económicos, sostienen desde AFARTE, la isla perdería población y capacidad productiva, debilitando la presencia argentina en una región disputada.
Los números del régimen son contundentes. Las fábricas de electrónica de Ushuaia y Río Grande emplean a miles de trabajadores y sostienen una cadena de valor que incluye proveedores, logística y servicios. Si esas plantas cierran, el impacto no se mide solo en PBI: se mide en escuelas que pierden matrícula, hospitales que pierden pacientes, ciudades que se vacían.
Desde una mirada patagónica, el debate sobre Tierra del Fuego es inseparable de la discusión sobre qué modelo de desarrollo quiere la región. Las críticas desde organismos internacionales o desde Buenos Aires suelen centrarse en la eficiencia económica pura, sin ponderar lo que significa sostener comunidades en latitudes extremas, con costos logísticos elevados y condiciones climáticas exigentes.
Chile, al otro lado de la frontera, mantiene políticas de incentivo para la región de Magallanes con una lógica similar: poblar y producir en el sur es una inversión en soberanía. La comparación binacional refuerza el argumento de quienes defienden el régimen argentino.
El desafío, claro, es que los incentivos se traduzcan en diversificación productiva genuina y no en dependencia de un único sector. Pero eliminarlos sin alternativa sería, para la Patagonia austral, un salto al vacío.