Tensión binacional por dichos argentinos sobre la boca del Estrecho de Magallanes
Declaraciones del contraalmirante Hernán Montero afirmando que la boca del Estrecho de Magallanes es argentina generaron reacciones en el parlamento chileno y llegaron a la Comisión de Defensa.

Una frase del contraalmirante argentino Hernán Montero encendió alarmas en Chile y puso sobre la mesa una de las sensibilidades geopolíticas más antiguas del sur del continente. Según trascendió, el oficial afirmó que "la boca de Magallanes es argentina", una declaración que fue recogida por medios chilenos y rápidamente escaló al ámbito parlamentario.
La reacción en Chile no se hizo esperar. Legisladores de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena expresaron su malestar públicamente, y el tema fue abordado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados trasandina. Para Chile, el Estrecho de Magallanes tiene un estatus definido por tratados bilaterales que lo declaran zona de paz y libre navegación, con soberanía chilena sobre sus aguas.
El Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado tras la mediación papal por el conflicto del canal Beagle, estableció con claridad los límites marítimos en la zona austral. Ese acuerdo —que evitó una guerra entre ambos países— delimitó la boca oriental del Estrecho y fijó las coordenadas que separan jurisdicciones. Cualquier cuestionamiento a esos términos, incluso si proviene de un oficial sin representación diplomática formal, toca una fibra sensible en la relación binacional.
Desde la Patagonia, este tipo de episodios se miran con preocupación. La zona del Estrecho es un espacio de tránsito compartido donde conviven comunidades de ambos lados que dependen de la cooperación para el comercio, la pesca, el turismo y la logística antártica. Punta Arenas y Ushuaia, Río Gallegos y Puerto Natales comparten mucho más que un paralelo: comparten destino.
No es la primera vez que declaraciones castrenses generan ruido diplomático en el sur. Pero en un contexto donde ambos países necesitan articular posiciones conjuntas frente a la pesca ilegal en el Atlántico Sur, el cambio climático antártico y la conectividad austral, este tipo de fricciones resulta contraproducente.
Hasta el momento no hubo pronunciamiento oficial de la Cancillería argentina. En Chile, la respuesta institucional se canalizó por vía parlamentaria, lo que sugiere que el gobierno de Santiago prefiere no escalar pero sí dejar constancia del rechazo. La Patagonia binacional, mientras tanto, observa y espera que la diplomacia prevalezca sobre la retórica.