Ley de tierras: alertan que los desalojos express amenazan a comunidades originarias patagónicas

Cuando el Gobierno nacional anunció el retiro del capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de propiedad privada, muchos respiraron aliviados. Pero desde Chubut, el senador provincial Linares levantó la voz para señalar que ese alivio es parcial: lo que quedó en pie del texto, advierte, es suficiente para habilitar desalojos express contra comunidades originarias y abrir la puerta a loteos en áreas que fueron arrasadas por incendios.

La denuncia tiene un nombre preciso que el legislador no evitó: negocio inmobiliario con la tierra quemada. La frase condensa una lógica que en la Patagonia no es nueva — el fuego como herramienta de vaciamiento territorial — pero que ahora encontraría cobertura legal en un proyecto que se presenta como modernización del régimen de propiedad.

Para la Patagonia argentina, donde comunidades Mapuche y Tehuelche llevan décadas disputando reconocimiento territorial, la arquitectura jurídica importa tanto como la política de turno. Los procesos de relevamiento de tierras indígenas, que avanzan a ritmo lento bajo la Ley 26.160 y sus sucesivas prórrogas, quedarían en posición de extrema vulnerabilidad si el Estado nacional habilita vías exprés de desalojo antes de que esos relevamientos concluyan.

El punto sobre las zonas incendiadas agrega otra capa de preocupación. La Patagonia registró en los últimos años incendios de magnitud en Río Negro, Chubut y Santa Cruz — varios de ellos en áreas con presencia de comunidades y reclamos territoriales activos. Que una ley permita lotear esas tierras sin resolución previa de los conflictos de titularidad es, para Linares, el núcleo del problema.

La dimensión binacional del asunto no puede ignorarse. En Chile, las regiones de La Araucanía y Los Ríos enfrentan tensiones similares entre legislación de propiedad, comunidades Mapuche y presión inmobiliaria. Aunque los marcos jurídicos son distintos, la geografía del conflicto es la misma cordillera: el territorio Mapuche no reconoce la frontera de los Estados.

Lo que viene ahora depende del trámite parlamentario. El proyecto aún tiene recorrido legislativo por delante, y la presión de comunidades organizadas y legisladores provinciales patagónicos será determinante para modificar los artículos que generan alarma. Cualquier norma que afecte la integridad territorial de los pueblos originarios del sur es una cuestión central para esta región, independientemente de cómo se llame el capítulo que la contiene.