Cabo de Hornos reclama un régimen especial para la Provincia Antártica chilena
El municipio más austral del mundo llevó al Congreso chileno una demanda histórica: que la Provincia Antártica reciba reconocimiento insular y un marco legal propio para atender sus brechas en conectividad, salud y vivienda. El planteo activa un artículo constitucional que casi nunca se usa y pone en agenda una deuda del Estado con el territorio más extremo de la Patagonia binacional.
Hay territorios que existen en el mapa pero no en las políticas públicas. La Provincia Antártica Chilena es uno de ellos: administrada desde Cabo de Hornos, concentra algunas de las condiciones de vida más exigentes del continente y, sin embargo, carece de un marco legal que reconozca su singularidad. Eso es precisamente lo que el alcalde Patricio Fernández fue a plantear ante la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados.
El argumento central del municipio cabohornino es que el artículo 126 bis de la Constitución chilena —que habilita regímenes especiales para territorios especiales— nunca fue aplicado con la profundidad que el caso amerita. Fernández expuso que la Provincia Antártica no puede ser gestionada con los mismos criterios que una provincia continental: la distancia, el clima, la ausencia de caminos y la dependencia de transporte marítimo o aéreo generan realidades que las fórmulas estándar simplemente no resuelven.
Las tres urgencias que el alcalde puso sobre la mesa son concretas y acumuladas: conectividad digital inexistente o precaria en gran parte del territorio insular; acceso a salud que depende de evacuaciones en condiciones extremas; y déficit habitacional en comunidades donde construir tiene costos y logísticas que ninguna licitación convencional puede absorber.
Desde GLOBALpatagonia, este planteo tiene una dimensión que va más allá de la política chilena. La Provincia Antártica es el eslabón más austral de una cadena territorial que une a Argentina y Chile en el extremo del continente: el canal Beagle, Tierra del Fuego, el paso Drake y la Antártida son espacios compartidos en términos ecológicos, climáticos y geoestratégicos. Lo que le pase a Puerto Williams o a las islas del archipiélago de Cabo de Hornos no es un asunto doméstico de Santiago: es una pregunta sobre cómo dos países administran juntos el fin del mundo.
El pedido de reconocimiento insular tiene antecedentes en la región: Rapa Nui y Juan Fernández ya cuentan con estatutos especiales bajo el mismo artículo constitucional. Que Cabo de Hornos y la Antártica chilena aún no los tengan dice algo sobre la jerarquía real que el Estado le asigna a su Patagonia más profunda.
La Comisión de Zonas Extremas recibió la exposición. Ahora viene lo más difícil: que el debate legislativo no se disuelva en el calendario político de Santiago y que la demanda del municipio más austral del planeta no vuelva a quedar suspendida entre el interés momentáneo y el olvido estructural.
