Municipios de Magallanes reciben $2.700 millones por Royalty Minero
La Subdere informó que los municipios de la región de Magallanes y Antártica Chilena comenzaron a recibir fondos del royalty minero para proyectos de desarrollo local.
Los municipios de la región de Magallanes y Antártica Chilena comenzaron a recibir más de 2.700 millones de pesos provenientes del Royalty Minero, según informó el jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Javier Labrín Jofré. Los fondos corresponden a la distribución del impuesto que grava a la gran minería del cobre y que, por ley, debe retornar a las regiones productoras y no productoras del país.
Para Magallanes, región que no tiene minería del cobre a gran escala pero sí actividad minera relevante —carbón, principalmente—, el royalty representa un flujo de recursos significativo para municipios que operan con presupuestos ajustados y necesidades de infraestructura pendientes. Los recursos pueden destinarse a obras de conectividad, equipamiento comunitario, servicios básicos y proyectos de desarrollo productivo local, según los criterios establecidos por la ley.
La noticia llega en un contexto donde las comunas magallánicas enfrentan demandas crecientes en materia de vivienda, salud y transporte, y donde la ejecución presupuestaria es un desafío permanente por la dispersión geográfica y la estacionalidad de los costos de obra. La región se extiende desde el golfo de Penas hasta la Antártica, con municipios que administran territorios enormes con poblaciones pequeñas.
Desde una perspectiva panpatagónica, el royalty minero plantea una pregunta que también recorre la Patagonia argentina: cómo se distribuyen los beneficios de la actividad extractiva entre quienes habitan los territorios donde se extraen los recursos. En Santa Cruz, Chubut y Río Negro, los debates sobre coparticipación, regalías y fondos de desarrollo siguen abiertos, con provincias que reclaman mayor autonomía sobre sus recursos.
Lo que viene: los municipios deberán informar cómo ejecutarán estos fondos y qué proyectos priorizarán. La transparencia en la asignación será clave para que el royalty no se convierta en un ingreso más que se diluye en gastos corrientes, sino en una herramienta real de desarrollo territorial.
