Diputado chileno propone retirar beneficios fiscales a empresas con operaciones en Argentina

El diputado chileno Guillermo Michel presentó una propuesta para retirar los beneficios fiscales que hoy tienen las empresas chilenas con operaciones en territorio argentino. La iniciativa se enmarca en el debate abierto por el regreso de la ruta marítima Punta Arenas–Malvinas, que reconfiguró el mapa logístico y comercial del extremo austral en los últimos meses.

En el centro del planteo están los convenios de inversión y de doble imposición vigentes entre Chile y Argentina, que reducen las retenciones impositivas a las compañías chilenas que operan del otro lado de la cordillera. Para el legislador, esos convenios ya no se justifican en el nuevo contexto regional.

El dato no es menor para Magallanes. Punta Arenas es el principal centro logístico del sur chileno y buena parte de su economía depende de la integración con Argentina: transporte, comercio, servicios portuarios, pesca, turismo. Un cambio en el régimen impositivo que afecta a las empresas chilenas que operan en Argentina impacta, por rebote, en la actividad magallánica.

La propuesta también se inscribe en un clima regional más tenso. El anuncio del Reino Unido de avanzar con el proyecto Sea Lion en la cuenca Malvinas Norte, la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la reapertura de la ruta Punta Arenas–Malvinas configuraron un tablero geopolítico nuevo para el extremo sur. En ese contexto, los incentivos fiscales entre vecinos vuelven a discutirse.

Hay, sin embargo, un argumento de fondo que la propuesta debería considerar: los convenios de doble imposición no son solo un beneficio para las empresas, son un marco de previsibilidad para las inversiones binacionales. Retirarlos de manera unilateral podría afectar la integración económica austral justo cuando más se necesita coordinación.

La Patagonia binacional no se construye solo con discursos. Se construye con reglas claras, incentivos sensatos y una comprensión compartida de que el desarrollo del extremo sur no debería decidirse en Santiago ni en Buenos Aires sin escuchar a las regiones. La discusión que abre este diputado merece un debate amplio, no una respuesta automática.

El proyecto deberá recorrer su camino legislativo en Chile. Desde acá, la pregunta es cómo impacta en la vida cotidiana de las empresas y trabajadores que hoy sostienen la integración austral.