Freno a la venta de Península de Magallanes: alivio y alerta en Santa Cruz
El fallo de Claudio Vázquez que detuvo la operación de transferencia de tierras en Península de Magallanes fue calificado como 'técnicamente correcto' por el CEJUS y llevó alivio a la comunidad. La decisión judicial pone freno a un proceso que había encendido alarmas por el acceso público al agua y el uso del territorio.
La operación de transferencia de tierras en Península de Magallanes quedó detenida. Así lo confirmó Fabián Toledo, integrante del Centro de Estudios Jurídicos de Santa Cruz (CEJUS), quien calificó como 'técnicamente correcto' el fallo del juez Claudio Vázquez que frenó la venta. La decisión judicial no solo suspendió el trámite administrativo: llevó alivio a una comunidad que venía siguiendo con preocupación el destino de un territorio estratégico para la provincia.
Península de Magallanes no es un lote cualquiera. Es una zona de alto valor ambiental y paisajístico, con costas sobre el lago Argentino y un ecosistema frágil que sostiene fauna nativa y actividades turísticas de bajo impacto. La posibilidad de que esas tierras pasaran a manos privadas en una operación de gran escala había generado resistencia entre vecinos, organizaciones ambientales y sectores productivos que temen la pérdida de acceso a sitios de uso público y la fragmentación del territorio.
El fallo de Vázquez llegó después de un proceso judicial que revisó los requisitos de la operación. El CEJUS, que venía denunciando irregularidades en el procedimiento, celebró la decisión pero advirtió que el freno es una pausa, no una solución definitiva. 'La operación se encuentra detenida', sintetizó Toledo, al tiempo que subrayó que el fallo es 'técnicamente correcto' y que ahora corresponde avanzar en un debate público sobre qué tipo de desarrollo se quiere para la península.
La comunidad respira, pero el conflicto no está cerrado. La venta de tierras frente al Glaciar Perito Moreno ya había desatado una polémica nacional semanas atrás, y el caso de Península de Magallanes se inscribe en una discusión más amplia: quién decide el destino de las tierras fiscales patagónicas y con qué criterios se autorizan operaciones que pueden comprometer recursos naturales, accesos históricos y derechos de las comunidades.
Para Santa Cruz, el fallo también es una señal sobre el rol de la Justicia en la fiscalización de operaciones inmobiliarias de gran escala. El expediente seguirá su curso y las partes deberán presentar sus argumentos. Mientras tanto, el movimiento ambientalista y las comunidades locales piden que cualquier decisión futura incluya participación ciudadana y estudios de impacto ambiental independientes.
La Patagonia no es un territorio vacío ni una reserva de tierras para especular. Es un lugar donde el agua, el paisaje y los modos de vida están entrelazados. El freno a la venta de Península de Magallanes es una victoria parcial, pero sobre todo es una advertencia: la ciudadanía está mirando y no va a aceptar decisiones que se tomen lejos del territorio y sin rendición de cuentas.
