El Calafate se moviliza contra la extranjerización de Península de Magallanes

La Patagonia no es un territorio vacío. Es un espacio cargado de historia, recursos y soberanía. Por eso, cuando desde El Calafate se encienden las alarmas sobre la posible extranjerización de lugares estratégicos, la noticia trasciende lo local para convertirse en una cuestión binacional.

Alberto Chaile, vecino de la localidad santacruceña, se refirió explícitamente al pedido que se elevó a la Legislatura para que evalúe el decreto 915, una normativa que, según su visión, abre la puerta a que tierras de alto valor estratégico terminen en manos de capitales foráneos. Su testimonio no es menor: habla de un desplazamiento del territorio y de la pérdida de la posibilidad de decidir sobre él. "Está en juego la extranjerización de lugares estratégicos", advirtió.

La Península de Magallanes no es un punto cualquiera en el mapa. Es un área de enorme valor ambiental, paisajístico y turístico, ubicada en el corazón de los glaciares y los lagos del sur. Cualquier movimiento que afecte la titularidad de esas tierras impacta directamente en el ecosistema, en la vida de las comunidades locales y en la capacidad del Estado de regular el uso del suelo.

El decreto 915, cuya evaluación se reclama, no es un tema nuevo para Santa Cruz. En los últimos días, la venta de tierras en la zona generó alivio y alerta a partes iguales. Mientras algunos celebraron el freno a una operación que se veía como una amenaza, otros advierten que la normativa sigue vigente y que el riesgo no ha desaparecido. La Legislatura tiene ahora la pelota en su cancha.

El planteo de Chaile también tiene un costado binacional. La Península de Magallanes está a pocos kilómetros de la frontera con Chile, y cualquier cambio en el uso o la propiedad de la tierra de un lado afecta la dinámica del otro. La cuenca del río Gallegos, los campos de hielo y los pasos fronterizos son parte de un sistema ecológico y económico que no entiende de límites políticos.

La discusión, en el fondo, es sobre qué modelo de Patagonia queremos. ¿Un territorio abierto a la especulación inmobiliaria y a la compra de grandes extensiones por parte de capitales extranjeros? ¿O un territorio con planificación, con reglas claras y con la comunidad en el centro de las decisiones?

La Legislatura de Santa Cruz tiene la oportunidad de dar una señal. La revisión del decreto 915 no es un trámite administrativo: es una definición política sobre el futuro de la tierra pública. Y en la Patagonia, la tierra no es un commodity. Es principio de todo.