Tierra del Fuego prohíbe cultivo de salmónidos en el Canal Beagle

La provincia de Tierra del Fuego publicó la reglamentación de su Ley de Acuicultura 1601, un instrumento que ordena por primera vez de manera integral la actividad en aguas fueguinas y que incluye una definición contundente: los salmónidos no podrán cultivarse, engordarse ni reproducirse en el Canal Beagle.

La norma llega en un momento en que la salmonicultura intensiva genera debates profundos a ambos lados de la cordillera. Chile, principal productor de salmón del hemisferio sur, enfrenta cuestionamientos crecientes por el impacto ambiental de sus pisciculturas en los fiordos patagónicos. La decisión fueguina marca un contraste claro y sienta un precedente para la gestión de ecosistemas marinos compartidos.

El Canal Beagle, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico entre la isla Grande de Tierra del Fuego y las islas al sur, alberga una biodiversidad marina extraordinaria: bosques de macroalgas, colonias de lobos marinos, pingüinos de Magallanes y una rica fauna bentónica que depende de aguas frías y limpias. La introducción de jaulas salmoneras supondría un riesgo directo por la acumulación de desechos orgánicos, el uso de antibióticos y la posible fuga de especies exóticas.

La reglamentación va más allá de la prohibición puntual. Establece que todo emprendimiento acuícola deberá contar con una planificación previa obligatoria, evaluaciones de impacto ambiental y controles estrictos sobre el uso del agua. Las exigencias varían según la escala del proyecto y las especies involucradas, lo que permite un desarrollo ordenado de la actividad para especies nativas o de bajo impacto.

Desde la perspectiva binacional, la medida tiene implicancias que cruzan la frontera. El Canal Beagle es un espacio de soberanía compartida donde las decisiones ambientales de un país impactan directamente en el otro. Organizaciones ambientalistas de ambos lados habían reclamado durante años que se blindara esta vía navegable frente al avance de la industria salmonera.

Para la Patagonia austral, la reglamentación representa un modelo de gestión que prioriza la preservación del ecosistema por sobre la rentabilidad inmediata. Queda por ver cómo se implementarán los mecanismos de fiscalización y si esta decisión impulsa un diálogo más amplio con las autoridades de Magallanes sobre el futuro compartido del canal.

Lo que viene: la provincia deberá poner en marcha los sistemas de monitoreo y habilitación de proyectos acuícolas bajo el nuevo marco. El debate sobre la salmonicultura en aguas australes, lejos de cerrarse, gana un nuevo capítulo con reglas más claras.