Investigan compra de tierras patagónicas con fondos de Emiratos Árabes en Bariloche
La justicia federal de Bariloche tomó la causa que busca esclarecer la adquisición de tierras en la cordillera rionegrina con capitales provenientes de Emiratos Árabes Unidos. El caso reaviva el debate sobre la extranjerización de la tierra en zonas estratégicas de la Patagonia.
El Juzgado Federal de Bariloche recibió la derivación del expediente que investiga la compra de tierras en la región cordillerana de Río Negro con fondos vinculados a Emiratos Árabes Unidos. La causa había sido iniciada a partir de un pedido formal para que se esclarezcan las condiciones en que se concretaron estas operaciones inmobiliarias en una de las zonas más sensibles de la Patagonia.
La adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros en áreas de frontera y en proximidades de fuentes de agua dulce, bosques nativos y reservas naturales es un tema que atraviesa la historia reciente de la Patagonia binacional. Tanto en Argentina como en Chile, las legislaciones han intentado poner límites a este tipo de transacciones, aunque con resultados dispares y numerosas zonas grises.
En el caso argentino, la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) establece restricciones a la titularidad extranjera sobre suelo rural, fijando un tope del 15% del territorio nacional y limitaciones adicionales por provincia y por titular. Sin embargo, la aplicación efectiva de esta normativa ha sido objeto de cuestionamientos permanentes, especialmente en la Patagonia, donde vastas extensiones cambiaron de manos en las últimas décadas.
La zona de Bariloche y sus alrededores concentra algunos de los casos más emblemáticos de compra de tierras por parte de magnates internacionales, desde el empresario británico Joe Lewis en Lago Escondido hasta la familia Benetton en la estepa rionegrina y chubutense. La posible incorporación de fondos soberanos o privados de Emiratos Árabes añade una nueva capa de complejidad geopolítica a la discusión.
Desde la perspectiva patagónica, lo que está en juego no es solo una cuestión registral o inmobiliaria. Las tierras en disputa suelen coincidir con cuencas hídricas, corredores biológicos y, en muchos casos, territorios reclamados por comunidades mapuche. La superposición de intereses —ambientales, soberanos, comunitarios— convierte cada operación de este tipo en un asunto de interés público.
La causa deberá determinar el origen exacto de los fondos, la identidad de los compradores, la extensión de las propiedades involucradas y si se cumplieron los requisitos legales vigentes. El juzgado federal de Bariloche tiene jurisdicción sobre estos temas por tratarse de una zona de frontera internacional.
Para la Patagonia, el caso es un recordatorio de que la tierra sigue siendo el recurso más disputado de la región. Quién la posee, con qué fines y bajo qué controles son preguntas que, lejos de resolverse, se renuevan con cada nuevo expediente judicial.