850.000 firmas llegan a la Justicia: la Patagonia defiende sus glaciares

Había pasado menos de un mes desde que el Congreso Nacional aprobó, el 9 de abril, una modificación a la Ley de Glaciares que encendió alarmas en toda la Patagonia. Esta semana, la respuesta ciudadana tomó forma jurídica: se presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal con el aval de más de 850.000 firmas, en lo que se perfila como una de las acciones legales ambientales más significativas de la historia reciente del país.

La reforma cuestionada altera los mecanismos de protección sobre los glaciares y el ambiente periglacial, áreas que en la Patagonia argentina cubren territorios estratégicos en Santa Cruz, Tierra del Fuego y el sur de Mendoza y San Juan. Para las comunidades que viven río abajo de esas masas de hielo, el agua que fluye desde los glaciares no es una abstracción política: es consumo, producción agrícola, biodiversidad y soberanía hídrica.

Los promotores del amparo argumentan que la modificación legislativa contradice principios constitucionales de protección ambiental y desconoce el Inventario Nacional de Glaciares que el propio Estado elaboró durante años. También señalan que el proceso parlamentario ignoró la consulta ciudadana y los pronunciamientos de organismos científicos como el IANIGLA, que históricamente monitorea el retroceso glaciar en los Andes patagónicos.

Desde GLOBALpatagonia, la dimensión de este conflicto no puede leerse solo desde Buenos Aires. Los glaciares patagónicos —el Perito Moreno, el Viedma, el Upsala, el Grey en territorio chileno— son parte de un sistema hídrico compartido que cruza la frontera sin pedir permiso. La modificación de marcos legales en Argentina tiene efectos directos sobre cuencas que alimentan también ríos y lagos del lado chileno, una realidad que el debate porteño suele ignorar.

El Parque Nacional Los Glaciares, Patrimonio de la Humanidad desde 1981, recibe cada año cientos de miles de visitantes que llegan precisamente a contemplar lo que estas normas deberían proteger. La paradoja es difícil de sostener: mientras el turismo internacional crece impulsado por la belleza de esos hielos, la legislación retrocede en su resguardo.

La presentación judicial abre ahora una etapa de definición que puede llevar meses. El juzgado deberá decidir si hace lugar al amparo y si dicta alguna medida cautelar que suspenda los efectos de la reforma mientras se resuelve el fondo del asunto. Organizaciones ambientales, comunidades mapuche-tehuelche y municipios patagónicos siguen de cerca cada paso.

En el Sur Global, donde el agua nace del hielo y la identidad está tejida con la montaña, esta batalla no es solo jurídica. Es sobre qué Patagonia queremos dejar.