Santa Cruz regula la merluza: cuotas por barco para pescar con futuro

La merluza común es el motor de la pesca comercial santacruceña. También es uno de los recursos con mayor presión extractiva del Mar Argentino. Por eso la decisión de Santa Cruz de avanzar en un Régimen Provincial de Cuotificación de Merluza Común no es un trámite administrativo: es una apuesta de fondo por la sustentabilidad de la actividad pesquera en aguas patagónicas.

El sistema que impulsa la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, bajo el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, asigna cuotas individuales por embarcación. Cada barco tendrá un tope de captura habilitado, lo que reemplaza el esquema de carrera extractiva —donde todos pescan lo más rápido posible antes de que se cierre la temporada— por uno de planificación a largo plazo.

Este modelo ya fue aplicado con éxito en otras pesquerías del mundo y en algunas especies en Argentina. Su lógica es directa: si cada operador sabe que tiene garantizada su porción del recurso, tiene incentivo para no agotarlo. La cuota se convierte en un activo, y un activo vale más si el stock del que depende está sano.

Para Santa Cruz, la medida llega en un momento sensible. La temporada pesquera pasó por tensiones importantes —conflictos gremiales incluidos— y la presión sobre la merluza no da señales de aflojarse. Tener un marco regulatorio propio, provincial, que complemente la normativa nacional, le da a la provincia herramientas concretas para gestionar el recurso desde el territorio.

El Atlántico Sur patagónico es una zona de altísima productividad biológica. Esa riqueza no es infinita. La cuotificación es una de las herramientas más eficaces que tiene la gestión pesquera para compatibilizar producción económica con conservación del stock. Que Santa Cruz la esté implementando para la merluza común es una señal de madurez institucional que merece seguimiento.

Los detalles del sistema —cómo se asignan las cuotas iniciales, qué porcentaje del total permisible de captura se distribuye, si hay mecanismos de transferencia entre operadores— definirán si la medida tiene dientes reales o queda en buenas intenciones. La Secretaría deberá traducir el anuncio en un reglamento que los armadores, las plantas procesadoras y los trabajadores del mar puedan leer con claridad.