Comodoro defiende el patrimonio de YPF con un frente sin fisuras
Intendente, legisladores nacionales y provinciales, concejales y gremios se unieron para frenar la transferencia de bienes e inmuebles de YPF a la empresa privada.
Pocas veces Comodoro Rivadavia logra alinear, en una misma mesa, a actores que habitualmente se miran con desconfianza. Esta semana lo consiguió: la decisión de YPF de transferir bienes e inmuebles a manos privadas despertó una respuesta que cruzó partidos, cámaras legislativas y organizaciones sindicales.
El intendente convocó una reunión de trabajo que reunió a diputados y senadores nacionales, legisladores provinciales, concejales y representantes gremiales. El objetivo fue uno solo: analizar qué acciones concretas pueden tomarse para proteger el patrimonio que YPF construyó en la ciudad petrolera por excelencia de la Argentina.
Comodoro no es una ciudad cualquiera en esta historia. Es el lugar donde en 1907 brotó el primer petróleo argentino, donde YPF tiene una presencia territorial, edilicia y simbólica que va mucho más allá de la operación extractiva. Los barrios petroleros, los inmuebles, la infraestructura ligada a la empresa estatal forman parte de la identidad urbana de una ciudad que construyó su modernidad sobre el crudo.
La transferencia de esos bienes a privados no es solo una operación contable. Es una redefinición de quién controla el territorio físico de una ciudad que lleva más de un siglo atada a la suerte de la empresa. Y eso explica la magnitud de la respuesta política: cuando el patrimonio colectivo está en juego, las fronteras partidarias se vuelven porosas.
Lo que todavía no está claro es qué instrumentos legales puede usar el frente local para frenar o condicionar la decisión. YPF es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, y las transferencias de activos son decisiones que corresponden a su directorio. El margen de acción municipal y provincial es limitado, aunque no nulo: existen figuras como la declaración de patrimonio histórico o la intervención legislativa nacional que podrían abrir caminos.
Para la Patagonia, este caso no es anécdota local. Es el síntoma de una tensión estructural que recorre toda la región: la distancia entre las decisiones que se toman en Buenos Aires sobre los recursos patagónicos y las consecuencias que esas decisiones tienen sobre comunidades concretas. Comodoro lo sabe mejor que nadie. Y esta semana decidió decirlo en voz alta y con todos los actores en la misma sala.


