Restos kawésqar en disputa: fundación y comunidades se enfrentan ante la Corte

Hay pocas cosas más cargadas de historia y de dolor que los huesos de los ancestros. Para el pueblo kawésqar —los navegantes milenarios de los canales y archipiélagos del extremo austral— la repatriación de restos desde museos europeos debería ser un acto de reparación colectiva. Sin embargo, lo que avanza en los tribunales de Magallanes es otra historia: una disputa interna que llegó a la Corte de Apelaciones y que enfrenta a la Fundación Pueblo Kawésqar con cinco comunidades indígenas de la región.

El núcleo del conflicto está en quién tiene la legitimidad para representar al pueblo kawésqar en las gestiones con instituciones suizas que custodian restos ancestrales. Las comunidades exigen participación directa y efectiva en cada etapa del proceso —negociación, traslado, decisiones sobre el destino final de los restos— y denuncian que la fundación ha actuado de manera unilateral. La fundación, por su parte, acusa a las propias comunidades de hostigamiento y busca amparo judicial para continuar.

Lo que está en el centro del debate no es solo un trámite burocrático internacional. Se trata de quién habla por los muertos kawésqar. De qué significa la palabra comunidad cuando un pueblo ha sido diezmado, dispersado y reducido a un puñado de hablantes de una lengua casi extinta. Y de cómo se procesan internamente las cicatrices del colonialismo cuando el Estado chileno y las instituciones académicas europeas finalmente abren la puerta a la devolución.

Los kawésqar son uno de los pueblos originarios más antiguos y más golpeados del extremo sur del continente. Su territorio ancestral se extendía por miles de kilómetros de canales, desde el golfo de Penas hasta el estrecho de Magallanes y más al sur. A fines del siglo XIX y principios del XX, expediciones científicas europeas extrajeron restos humanos de sus territorios —a veces con violencia, siempre sin consentimiento— que terminaron en vitrinas de museos de Suiza, Alemania y Francia. La repatriación de esos restos es una deuda histórica que recién empieza a saldarse.

Que ese proceso de sanación haya derivado en un conflicto judicial entre los propios kawésqar habla también de la fragilidad institucional en la que viven los pueblos originarios australes: sin estructuras jurídicas propias consolidadas, con representaciones disputadas y con un Estado que muchas veces no sabe —o no quiere— arbitrar con justicia.

La Corte de Apelaciones de Magallanes tiene ahora en sus manos una causa que va mucho más allá de lo procesal. Lo que se dirime es quién tiene derecho a reclamar a sus muertos. Y esa pregunta, en el extremo sur del mundo, pesa como el viento del canal.