Río Gallegos: casi $2 millones para que una familia no sea pobre

Vivir en Río Gallegos tiene un precio que pocos debates nacionales sobre inflación terminan de reflejar. Según el último informe del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, una familia tipo en la capital de Santa Cruz necesita rozar los dos millones de pesos mensuales para mantenerse fuera de la línea de pobreza. El dato coloca a Río Gallegos en el tope del ranking regional de costo de vida, superando incluso a Ushuaia, hasta ahora considerada la ciudad más cara de la Patagonia argentina.

El número no es solo un indicador estadístico: es el retrato de una ciudad que combina la lejanía geográfica —con todos sus sobrecostos logísticos— con una economía local fuertemente dependiente del empleo público y del sector hidrocarburífero, dos sectores que en los últimos años atravesaron ciclos de ajuste y volatilidad.

La canasta básica total en ciudades patagónicas históricamente supera los promedios nacionales por razones estructurales: el flete encarece casi todo lo que se consume, los servicios tienen tarifas diferenciadas y la oferta comercial es más concentrada. Pero el salto que muestra este informe va más allá de esa brecha histórica.

Para las familias de Río Gallegos, el dato tiene una traducción concreta: un salario mínimo —o incluso dos— no alcanza. Y en una ciudad donde el acceso a la tierra y la vivienda ya es un problema crónico, el costo de vida elevado se convierte en una trampa que expulsa a los sectores más vulnerables hacia la informalidad o hacia otras ciudades.

El informe de la UNPSJB llega en un momento en que el debate sobre los adicionales salariales patagónicos vuelve a tensarse a nivel nacional. Desde hace años, trabajadores y sindicatos de la región reclaman que los llamados "salarios zonales" o adicionales por zona desfavorable no reflejan la realidad del costo de vida actual. Los números de hoy les dan nuevo respaldo.

La Patagonia no es cara por capricho: es cara por estructura. Y mientras esa estructura no cambie —con inversión en logística, diversificación productiva y políticas de acceso a la vivienda—, los informes seguirán mostrando lo mismo: que vivir en el sur tiene un costo que el centro del país rara vez termina de entender.