Legisladora Mora alerta por venta de tierras a capitales emiratíes en Magallanes

La legisladora provincial de Santa Cruz, Agostina Mora, volvió a poner el foco sobre un tema que genera creciente inquietud en la Patagonia austral: el proyecto que habilitaría la venta de tierras a capitales emiratíes en la Península de Magallanes. Mora criticó el hermetismo oficial que rodea la iniciativa y advirtió que «está en riesgo la soberanía territorial y el ecosistema de la región».

La Península de Magallanes, ubicada en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz, es una de las áreas con mayor valor ambiental de la Patagonia argentina. Sus ecosistemas incluyen bosques nativos, turberas y costas de alta productividad biológica. La posibilidad de que grandes extensiones pasen a manos de inversores extranjeros despertó alarmas entre organizaciones ambientales, comunidades locales y sectores políticos.

Mora sostuvo que la medida se está tramitando «de espaldas al pueblo» y reclamó mayor transparencia sobre los alcances del acuerdo. Según la legisladora, no se conocen públicamente los términos de la operación, los plazos previstos ni las garantías ambientales que se exigirían a los compradores.

El caso se inscribe en una tendencia más amplia: la creciente presencia de capitales extranjeros en la Patagonia, tanto del lado argentino como chileno, en sectores que van desde la energía hasta la conservación privada. Esa dinámica genera un debate de fondo sobre qué modelo de desarrollo se quiere para el sur y quién decide sobre sus recursos.

Para las comunidades de la región, el temor no es solo ambiental. La venta masiva de tierras puede alterar el acceso a rutas, fuentes de agua y espacios de uso tradicional. Organizaciones de pueblos originarios y productores locales ya expresaron en otras oportunidades su preocupación por la extranjerización de la tierra.

El asunto también tiene una dimensión binacional. La Península de Magallanes está próxima al límite con Chile y cualquier cambio en el uso del suelo de gran escala puede tener efectos sobre la conectividad ecológica y la gestión de áreas protegidas que se extienden a ambos lados de la frontera.

Mora pidió que el debate se dé en el ámbito legislativo y con participación de la ciudadanía. «No se trata de oponerse a la inversión, sino de saber qué se cede, a quién y con qué contraprestaciones», sintetizó. El tema promete seguir escalando en la agenda pública santacruceña.