El Calafate se organiza contra la venta de tierras en Península de Magallanes

La pulseada por el futuro de la Península de Magallanes sumó un nuevo capítulo este fin de semana. Vecinos de El Calafate se reunieron en asamblea abierta para analizar la situación del área protegida y expresar su preocupación por eventuales operaciones de venta de tierras a capitales extranjeros. La convocatoria, organizada por residentes autoconvocados, no fue un hecho aislado: llega después de que la Legislatura provincial y referentes nacionales pusieran la lupa sobre el decreto que habilita la venta excepcional de tierras en la zona.

Pese a quienes sostienen que se trata de un trámite menor, la discusión tiene una dimensión mucho más profunda. Península de Magallanes no es solo un paisaje de postal: es un ecosistema frágil, con mallines, bosque nativo y una biodiversidad que sostiene parte del atractivo turístico que convirtió a El Calafate en un imán global. Cualquier movimiento de tierras allí impacta directamente sobre el agua, la fauna y la capacidad de la provincia de conservar uno de sus activos ambientales más valiosos.

La diputada nacional Ana María Ianni fue tajante. "Lo que ha hecho el gobernador es totalmente ilegal e inconstitucional", afirmó, y agregó que "si no tuviera nada que ocultar, si esto no fuera nada raro, ¿por qué no se mandó el proyecto a la Legislatura?". El argumento es central: la venta de tierras fiscales en áreas protegidas no debería resolverse por decreto, sino a través del debate público y legislativo que la Constitución prevé para decisiones de esta magnitud.

El punto que preocupa a los vecinos no es solo legal. Es territorial. Hablan de un patrón conocido en la Patagonia: operaciones inmobiliarias que avanzan sobre tierras fiscales con capitales que no son de la región, muchas veces sin consulta ni participación de las comunidades locales. El Calafate creció al calor del turismo, pero también vio cómo el acceso a la tierra y a la vivienda se volvió un problema estructural.

Desde GLOBALpatagonia miramos este conflicto desde adentro. No es una pelea entre gobierno y oposición: es una discusión sobre quién decide qué pasa con el territorio. Cuando la Patagonia se convierte en objeto de deseo de capitales globales, la pregunta no es solo cuánto cuesta la hectárea. La pregunta es quién queda afuera.

Lo que viene no será silencioso. La asamblea de El Calafate anticipa una resistencia organizada, con vecinos que ya avisaron que seguirán de cerca cada movimiento. Si el oficialismo intenta avanzar sin abrir el debate, se expone a un conflicto que puede escalar. Y si algo aprendió la Patagonia en las últimas décadas, es que sus habitantes saben organizarse cuando el territorio está en juego.