La Corte revisa la Ley de Tierras que define el futuro del suelo patagónico
El máximo tribunal argentino analiza un segundo caso por la derogación de la norma que limita la compra de tierras por capitales extranjeros. Comunidades mapuches y organizaciones ambientalistas reclaman una cautelar pendiente desde agosto. La definición impacta de lleno en Santa Cruz, Río Negro, Chubut y Neuquén, donde la extranjerización avanza sobre campos, costas y fuentes de agua.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina volvió a poner la lupa sobre la Ley de Tierras y su derogación, en un expediente que tiene a la Patagonia como escenario central. El tribunal analiza un segundo caso —impulsado por organizaciones ambientalistas, comunidades mapuches y referentes políticos— que reclama una medida cautelar pendiente desde agosto para frenar la venta de suelo a capitales extranjeros. La señal que enviaron los supremos es que la marcha atrás podría no ser definitiva.
El tema no es abstracto para la región. En la Patagonia argentina, la extranjerización de tierras hace años que avanza sobre campos ganaderos, costas de lagos y accesos a ríos, con casos resonantes en Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. La ley que limitaba esa compra fue derogada, y desde entonces las comunidades originarias y las organizaciones ambientales advierten que la pérdida de soberanía territorial se profundizó sin control efectivo.
El expediente que ahora llega a la Corte Suprema se suma a otro ya en análisis y abre la puerta a que el máximo tribunal argentino revierta total o parcialmente la derogación. Los caminos posibles son varios: desde una cautelar que suspenda las operaciones hasta un fallo de fondo sobre la constitucionalidad del cambio normativo. Para las comunidades mapuches que reclaman, la discusión es también sobre territorio ancestral y derechos reconocidos en la Constitución Nacional.
En Chile, la situación es distinta pero no ajena. La legislación chilena mantiene restricciones a la inversión extranjera en zonas fronterizas, aunque el debate por la extranjerización también recorre Magallanes y Aysén, donde la compra de grandes extensiones por capitales internacionales encendió alarmas en los últimos años. La Patagonia binacional comparte un problema: la tierra como mercancía global frente a un Estado que no siempre puede garantizar soberanía efectiva.
Lo que viene es una definición judicial que puede redibujar el mapa del suelo patagónico. Si la Corte avanza con la cautelar, la extranjerización entra en pausa y se abre un debate público que las provincias patagónicas vienen pidiendo desde hace años. Si retrocede, el mercado de tierras seguirá sin barreras claras y las comunidades originarias profundizarán su reclamo. Para la región, el fallo es más que un capítulo jurídico: es una definición sobre quién decide qué pasa con el territorio del fin del mundo.
