Desalojo fallido a dos comunidades mapuche escala la tensión en Neuquén
El gobierno provincial desmintió que haya faltado personal policial para ejecutar la orden judicial contra dos comunidades mapuche neuquinas.
Un operativo de desalojo ordenado por la Justicia contra dos comunidades mapuche en la provincia de Neuquén no pudo concretarse, generando un cruce de versiones entre las autoridades provinciales y los actores involucrados. El Gobierno neuquino salió a desmentir que la causa del fracaso haya sido la falta de efectivos policiales, aunque no detalló públicamente las razones operativas del resultado.
El conflicto territorial entre comunidades originarias y el Estado —o particulares con títulos de propiedad— es una constante en la Patagonia norte. Neuquén concentra una de las mayores poblaciones mapuche de Argentina, y las disputas por la tierra se han intensificado en la última década, alimentadas tanto por la expansión de actividades extractivas como por la reivindicación creciente de derechos ancestrales.
Para las comunidades, la tierra no es solo un recurso económico: es el espacio donde se sostiene la vida comunitaria, la espiritualidad y la transmisión cultural. Los intentos de desalojo suelen generar resistencia organizada y una fuerte solidaridad entre comunidades vecinas, además de repercusiones que cruzan la cordillera: el pueblo mapuche habita a ambos lados de los Andes, y lo que ocurre en Neuquén resuena también en la Araucanía chilena.
Desde el punto de vista jurídico, la situación es compleja. Argentina reconoce constitucionalmente la preexistencia de los pueblos originarios y su derecho a la posesión de las tierras que ocupan tradicionalmente. Sin embargo, la aplicación concreta de ese reconocimiento choca con títulos de propiedad privada, concesiones estatales y una burocracia que rara vez resuelve de fondo.
El episodio del desalojo fallido deja varias preguntas abiertas. ¿Hubo una evaluación adecuada de las condiciones en terreno antes de ordenar el operativo? ¿Se agotaron las instancias de diálogo previas? ¿Qué alternativas se exploran para resolver el conflicto de fondo?
Lo que queda claro es que la judicialización sin mediación territorial no está funcionando. La Patagonia necesita mecanismos de resolución que reconozcan la complejidad del tema y eviten escaladas que no benefician a nadie. Mientras tanto, las comunidades siguen en el territorio y la tensión permanece latente.