Canon hídrico progresivo: Santa Cruz quiere que la industria pague lo que vale el agua

En la Patagonia, el agua no es un recurso más. Es el eje de cualquier debate sobre soberanía territorial, producción sostenible y futuro de las comunidades. Por eso, el proyecto de ley presentado por el diputado provincial Daniel Román Peralta en Santa Cruz tiene un peso que va más allá de lo técnico: propone que quienes más usan el agua para fines industriales, extractivos o mineros paguen en proporción directa a ese uso.

La iniciativa plantea una escala progresiva del canon hídrico industrial, es decir, un esquema en el que el costo por acceder al recurso sube cuanto mayor es el volumen extraído o consumido. No es un impuesto lineal sino un mecanismo que penaliza el uso intensivo y premia la eficiencia. Y lo que distingue este proyecto de una simple reforma tributaria es el destino específico de los fondos: la infraestructura hídrica de la provincia.

Santa Cruz tiene cuencas de enorme importancia —el río Santa Cruz, el Deseado, el Chico— que en los últimos años han estado en el centro de disputas entre intereses energéticos, mineros y ambientales. El debate por las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa mostró hasta dónde puede llegar la tensión entre desarrollo y preservación del agua. En ese contexto, una ley que obligue a la industria a hacerse cargo del costo real del recurso que consume no es menor.

Desde la perspectiva patagónica, la propuesta tiene otra dimensión: históricamente, las provincias del sur han cedido recursos naturales —petróleo, gas, minerales, agua— a precios que no reflejaron su valor estratégico ni dejaron renta suficiente para el territorio. Un canon progresivo sería un paso hacia una relación más equitativa entre la actividad económica y la base natural que la sostiene.

Lo que se debate no es solo cuánto paga una empresa minera por el agua que usa. Se debate quién decide el valor de los recursos patagónicos y qué queda en la región cuando se van. Si el proyecto avanza en la Legislatura santacruceña, podría convertirse en modelo para otras provincias de la región que enfrentan la misma tensión: más actividad extractiva, mismos recursos hídricos, y cuentas que no siempre cierran para el territorio.