Las huelgas de 1921: cuando los peones rurales de Santa Cruz se enfrentaron al Estado

En el invierno de 1920, los peones rurales de la Patagonia santacruceña habían llegado a un límite. Trabajaban doce horas diarias en las estancias laneras más grandes del país, dormían en galpones sin calefacción, comían lo que los patrones disponían y cobraban salarios que el peso inflacionario hacía desaparecer antes de que pudieran gastarlos. La Federación Obrera de Río Gallegos, con influencia anarquista y sindicalista, comenzó a organizar a esos hombres anónimos que mantenían con su trabajo una industria que generaba fortunas para estancieros y exportadores. El conflicto que siguió se convertiría en uno de los episodios más oscuros y menos recordados de la historia argentina.

La primera huelga estalló en enero de 1921. Los peones pararon las estancias, tomaron caminos y exigieron condiciones mínimas: botiquines, velas para los galpones, caballos propios para moverse, y un salario que cubriera lo básico. Las demandas eran modestas. La respuesta del Estado no lo fue. El teniente coronel Héctor Benigno Varela llegó a Santa Cruz al mando del Décimo Regimiento de Caballería con instrucciones del gobierno de Hipólito Yrigoyen de restablecer el orden. En una primera intervención, negoció una salida negociada que pareció resolver el conflicto.

Pero los estancieros no aceptaron. Organizados en la Sociedad Rural de Santa Cruz, presionaron al gobierno nacional para que volvieran las tropas. El argumento era doble: pérdidas económicas por la paralización de la esquila y el fantasma del comunismo en la Patagonia, alimentado por la Revolución Rusa de 1917 y los movimientos obreros que sacudían Europa. Varela regresó en octubre de 1921. Esta vez no hubo negociación.

Lo que siguió fue una cacería sistemática. Los peones huelguistas, muchos de ellos chilenos, españoles y alemanes llegados como mano de obra barata a una región que los necesitaba pero no los quería, fueron rodeados, capturados y fusilados por pelotones militares en los campos de las estancias. Las estimaciones varían según la fuente: entre 1.000 y 1.500 trabajadores fueron ejecutados extrajudicialmente en pocas semanas. Sus cuerpos, en muchos casos, quedaron en fosas sin nombre en los campos patagónicos. Nunca hubo juicio. Nunca hubo condena. Varela recibió aplausos del gobierno y de la prensa porteña.

El silencio duró décadas. La dictadura militar de 1955 en adelante prefirió no abrir esa herida. Fue recién en 1972 cuando el periodista e historiador Osvaldo Bayer publicó su investigación en cuatro volúmenes —La Patagonia Rebelde— que el episodio volvió a tener nombre y relato. Cuatro años después, Héctor Olivera llevó esa investigación al cine en una película que marcó generaciones y que el gobierno militar de 1976 prohibió inmediatamente tras el golpe de Estado.

Hoy, en el paisaje interminable de Santa Cruz, hay estancias que siguen funcionando sobre los mismos campos donde ocurrieron las ejecuciones. Algunos municipios tienen placas conmemorativas. Hay un monumento en Jaramillo. Pero la reparación histórica oficial, en el sentido profundo de reconocer el crimen de Estado y establecer quiénes fueron las víctimas y dónde están sus restos, sigue pendiente. La Patagonia guarda ese silencio con la misma indiferencia con que el viento barre la estepa: sin drama, sin explicación, sin fecha de vencimiento.