¿De qué hablamos cuando hablamos de la "nueva" Ley de Glaciares?
El proyecto que modificaría la Ley 26.639 ya pasó el Senado con 40 votos a favor. Acota la protección, transfiere poder a las provincias mineras y deja fuera del amparo a los glaciares de escombros. Detrás del lobby: Barrick Gold, BHP, Glencore y megaproyectos de cobre y litio que suman más de 40.000 millones de dólares.
En esencia, el proyecto modifica la Ley 26.639, sancionada en 2010, que protege glaciares y el ambiente periglacial —suelos congelados que regulan el agua—. Los cambios más relevantes incluyen cuatro ejes que redefinen de raíz el alcance de la norma.
1. Redefinición de la protección. La ley actual ampara todos los glaciares como reservas estratégicas de agua. La reforma acota esa tutela solo a los cuerpos de hielo con "función hídrica efectiva y relevante para las cuencas", dejando fuera a los glaciares de escombros —roca con bajo contenido de hielo— que hoy están protegidos. 2. Transferencia de poder a las provincias. Las jurisdicciones cordilleranas ricas en minerales podrían decidir qué áreas se protegen y cuáles se habilitan para la minería, rompiendo el carácter uniforme de los presupuestos mínimos ambientales nacionales. 3. Exclusión del Inventario Nacional. Se permitiría excluir zonas por decisiones administrativas provinciales, sin criterio científico. 4. Criterios subjetivos. Se introduce el concepto de "alteración relevante" sin parámetros definidos, dejando en manos de los gobiernos locales decisiones que hoy están prohibidas por ley nacional. Las posturas en pugna: agua versus mineríaEl gobierno de Javier Milei y los gobernadores de Catamarca, Jujuy, Salta y San Juan impulsan la reforma para "ordenar el marco normativo" y destrabar inversiones por decenas de miles de millones de dólares, especialmente en cobre y litio. Del otro lado, organizaciones como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a asambleas ciudadanas, advierten que se trata de una "regresión ambiental inconstitucional" que pone en riesgo las reservas de agua dulce en un contexto de crisis hídrica y cambio climático acelerado.
¿Quiénes están detrás del lobby minero? Barrick Gold (Canadá): su mina Veladero, en San Juan, se superpone con glaciares que alimentan el río Jáchal. Lundin Mining y BHP: impulsoras del megaproyecto Vicuña, una de las mayores reservas de cobre del mundo con inversiones previstas de USD 18.000 millones. Glencore (Suiza): busca desarrollar El Pachón —USD 9.500 millones— en la frontera sanjuanina con Chile. También se mencionan McEwen Cooper con Los Azules, Río Tinto y First Quantum Minerals. La votación en el Senado — 26 de febrero de 2026El proyecto se aprobó con <strong>40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención</strong>. Así votó cada bloque:
¿Qué consecuencias puede traer?Pérdida de protección hídrica para millones de personas en regiones áridas. Avance de la megaminería sobre recursos hoy protegidos. Fragmentación de la política ambiental: sin un criterio nacional uniforme, cada provincia decide sobre un recurso que no entiende de límites políticos. Y conflictos sociales y judiciales: la reforma enfrenta impugnaciones por posible inconstitucionalidad y resistencias comunitarias que ya están organizadas.
¿Qué viene ahora?El proyecto pasa a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá sumar aliados para asegurar los votos. El escenario es más incierto que en el Senado: bloques provinciales podrían alinear su posición con los intereses mineros locales, pero la presión de la calle y de la comunidad científica también pesa. FARN y Greenpeace ya anunciaron que impugnarán la norma ante la justicia si es aprobada, por colisión con los presupuestos mínimos ambientales garantizados por la Constitución. Para la Patagonia, la resolución de este debate definirá si proyectos de escala monumental —Vicuña, El Pachón, Los Azules— pueden avanzar sobre territorios hoy protegidos. El hielo no negocia plazos.
La discusión sobre la Ley de Glaciares es, en esencia, un debate sobre el modelo de país: el que prioriza la atracción de inversiones mineras a gran escala, versus el que coloca la protección del agua como un piso mínimo e irrenunciable.
