¿De qué hablamos cuando hablamos de la "nueva" Ley de Glaciares?
El proyecto que modificaría la Ley 26.639 ya pasó el Senado con 40 votos a favor. Acota la protección, transfiere poder a las provincias mineras y deja fuera del amparo a los glaciares de escombros. Detrás del lobby: Barrick Gold, BHP, Glencore y un puñado de megaproyectos de cobre y litio que suman más de 40.000 millones de dólares.
En esencia, el proyecto modifica la Ley 26.639, sancionada en 2010, que protege glaciares y el ambiente periglacial —suelos congelados que regulan el agua—. Los cambios más relevantes son cuatro.
Primero, la redefinición de la protección: la ley actual ampara todos los glaciares como reservas estratégicas de agua. La reforma acota esa tutela solo a los cuerpos de hielo con "función hídrica efectiva y relevante para las cuencas", dejando fuera a los llamados glaciares de escombros —roca con bajo contenido de hielo— que hoy están protegidos. Segundo, la transferencia de poder a las provincias: las jurisdicciones cordilleranas ricas en minerales podrían decidir qué áreas se protegen y cuáles se habilitan para la minería, rompiendo el carácter uniforme de los presupuestos mínimos ambientales nacionales. Tercero, la exclusión del Inventario Nacional: se permitiría excluir zonas por decisiones administrativas provinciales, sin criterio científico. Cuarto, criterios subjetivos: se introduce el concepto de "alteración relevante" sin parámetros definidos, dejando en manos de los gobiernos locales decisiones que hoy están prohibidas por ley nacional.
<strong>Las posturas en pugna: agua versus minería</strong>
El gobierno de Javier Milei y los gobernadores de Catamarca, Jujuy, Salta y San Juan impulsan la reforma para "ordenar el marco normativo" y destrabar inversiones por decenas de miles de millones de dólares, especialmente en proyectos de cobre y litio. Del otro lado, organizaciones como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a asambleas ciudadanas, advierten que se trata de una "regresión ambiental inconstitucional" que pone en riesgo las reservas de agua dulce en un contexto de crisis hídrica y cambio climático acelerado.
<strong>¿Quiénes están detrás del lobby minero?</strong>
Diversas fuentes identifican a las principales multinacionales que presionaron para modificar la ley. <strong>Barrick Gold</strong> (Canadá), con su mina Veladero en San Juan superpuesta a glaciares que alimentan el río Jáchal. <strong>Lundin Mining</strong> (Canadá) y <strong>BHP</strong> (anglo-australiana), impulsoras del megaproyecto Vicuña en San Juan —una de las mayores reservas de cobre del mundo, con inversiones previstas de USD 18.000 millones—. <strong>Glencore</strong> (Suiza), que busca desarrollar El Pachón (USD 9.500 millones) en la frontera sanjuanina con Chile. También se mencionan McEwen Cooper con Los Azules, Río Tinto y First Quantum Minerals.
<strong>La votación en el Senado — 26 de febrero de 2026</strong>
El proyecto se aprobó en general con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención. La Libertad Avanza votó en bloque a favor (21 senadores). Del peronismo, Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan) acompañaron la reforma; 23 senadores del bloque votaron en contra. Del PRO, Andrea Cristina y Victoria Huala votaron en contra; Martín Goerling Lara a favor. De la UCR, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri y Carolina Losada a favor; Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger en contra. En contra también votaron Edith Terenzi (Chubut), Alejandra Vigo (Córdoba), José Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz). Se abstuvo Julieta Corroza (La Neuquinidad).
<strong>¿Qué consecuencias puede traer?</strong>
Pérdida de protección hídrica para millones de personas en regiones áridas. Avance de la megaminería sobre recursos hoy protegidos. Fragmentación de la política ambiental: sin un criterio nacional uniforme, cada provincia decide sobre un recurso que no entiende de límites políticos. Y conflictos sociales y judiciales: la reforma enfrenta impugnaciones por posible inconstitucionalidad y resistencias comunitarias que ya están organizadas.
La discusión sobre la Ley de Glaciares es, en esencia, un debate sobre el modelo de país: el que prioriza la atracción de inversiones mineras a gran escala, versus el que coloca la protección del agua como un piso mínimo e irrenunciable. La decisión que tomen los diputados en las próximas semanas definirá el futuro de las reservas de agua dulce de la Argentina.